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No a la inmigración legal
Elena Atxaga
Sí, hemos dicho "legal", no "ilegal";
ha leído bien el lector. Porque el problema no es si la inmigración es legal o ilegal
sino saber si esta es positiva o negativa. Para responder a esta pregunta hay que hacer
unas reflexiones previas.
A lo largo del último año hemos asistido a una serie de
"regularizaciones" que han permitido vivir y trabajar legalmente en España a
miles de extranjeros; unos ya estaban aquí -la mayoría- otros han llegado recientemente
y a pesar de todo han solicitado la "regularización". Los medios de
comunicación, periodistas, políticos, etc., distinguen claramente con su terminología
cotidiana, a la hora de hacer declaraciones públicas, entre inmigrantes
"legales" e "ilegales". Muchas veces se refieren a la inmigración a
combatir como "inmigración ilegal", dando por sentado que la "inmigración
legal" no resulta nociva. ¿Es esto verdad? Cabe decir en primer lugar que el Estado
español no ha sido soberano a la hora de optar por legalizar a los "sin
papeles" ni mucho menos.
El problema de la inmigración venía siendo acuciante
mucho antes de que comenzaran las "regularizaciones". Ante esta situación
nuestros gobernantes, libremente elegidos y por tanto representantes del pueblo español,
no han optado entre dos opciones con la libertad absoluta de decidirse por cualquiera de
ellas. Más bien se ha decidido a aceptar lo que un gigantesco aparato propagandístico
había impuesto de antemano: la inmigración es inevitable y beneficiosa. Por eso lo
único que se ha hecho es legalizar una situación de facto, siendo así que la llamada
"regularización", más que resolver un problema, es una argucia legal para no
tener que encarar una situación fuera de control.
Es pues evidente que el problema de la bondad o maldad de
la inmigración no queda ni mucho menos resuelto legalizando el status de los inmigrantes
en España. Los inmigrantes siguen ahí y su número crece de día en día.
En sus fríos términos, la cuestión consiste en
saber si la llegada de cientos de miles de personas de culturas y etnias diferentes puede
o no comportar problemas para la sociedad que los recibe. Debe quedar muy claro que se
trata en su mayor parte de culturas muy distantes de la española. No constituyen una
excepción los hispanoamericanos de Ecuador y otros países de Centroamérica. Cualquiera
que haya visitado esos países comprobará que su modo de vida es totalmente diferente y
que solo la lengua, cuando lo hace, nos acerca. Es necesario percatarse de que la llegada
de inmigrantes a España significa trasplantar comunidades enteras a nuestro suelo, cuyo
vínculo con nuestro país es tan solo laboral y de estricta supervivencia. Por si fuera
poco, la grave decisión de aceptar a esos miles de personas, decisión que posee el
potencial de fragmentar nuestro país en un mosaico multiétnico que jamás fuimos, ha
sido impuesta al pueblo español. Todos nuestros dirigentes, políticos o mediáticos, han
presentado la inmigración como una necesidad económica, aunque esto solo puede ser así
bajo un orden ético aberrante y una concepción de la economía subvertida. La
misión del Estado es garantizar la supervivencia del pueblo pero no una
supervivencia puramente material. Por eso el Estado debe velar por la integridad moral de
los dirigentes sociales, por que la justicia alcance a todos, por la educación de la
juventud en un entorno sano, etc. Como se ve, la misión del Estado trasciende el orden
meramente material, de manera que un Estado no existe para garantizar el crecimiento
económico sino para sostener la vida del pueblo que le da razón de ser. Nosotros no
dudamos que el aumento masivo de la mano de obra, y su consiguiente abaratamiento, permita
un crecimiento económico mayor. Pero resulta criminal sacrificar la existencia
del pueblo al crecimiento del PIB. En este sentido solo puede entenderse como
fruto de una mente alterada o de algo peor la política del Ministerio de Trabajo de
proporcionar cupos para cubrir la oferta de empleo. Si los españoles no quieren hacer
ciertos trabajos es porque las condiciones laborales de nuestro país se han deteriorado
gravísimamente en favor de una explotación salvaje, de una precariedad de por vida y de
unos salarios de hambre. Corresponde a nuestro Gobierno resolver este problema
favoreciendo un crecimiento económico realizado en aras de nuestra comunidad popular y no
provocar la descomposición de una nación cuyo pecado de lesa mundialización consiste en
ser étnica, histórica y culturalmente cohesionada y encima aspirar a vivir en paz de su
trabajo.
Nuestro país no puede hacerse cargo de las víctimas de
todos los gobiernos corruptos de la tierra, que viven en la opulencia mientras sus
súbditos comen sus migajas. Los responsables de todos los desheredados del mundo son, en
primer lugar, los gobiernos que provocan la miseria de miles de personas y que, cuando el
problema que ellos han generado recae sobre otros, se lavan cínicamente las manos. Otra
cosa sería una compasión mal entendida aunque, como ya dijeran el mismo Buda y los
místicos cristianos, la compasión, sin el acompañamiento de la sabiduría, acarrea la
desgracia.
Por todo esto la inmigración, como fenómeno de "ingeniería social" montado por el capitalismo, es destructiva. Como muchos crímenes, tiene numerosos cómplices. En este caso están desperdigados por toda la cúpula dirigente de la nación española. Es deber de nuestro pueblo resistir, antes que al fenómeno de la inmigración en si, a aquellos que minan la cohesión popular y destruyen los fundamentos de nuestra comunidad labrados durante siglos, con el solo propósito de favorecer los inconfesables planes de los reyes del dinero.