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Ante la conspiración de silencio firmada por los partidos en el poder y los medios para ocultar la gravedad del problema de la inmigración, publicamos el capítulo 3 del Libro Negro de la Inmigración de León Klein.
¿Cuántos son? ¿De dónde vienen?
El 3 de enero de 2003, oficialmente, España contaba con 1.324.001 extranjeros
regularizados, apenas 210.000 más que el año anterior. Las cifras acababan de ser dadas
por el Secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González. Las
cifras tenían el objetivo de pasar desapercibidas. Apenas 200.000 inmigrantes más, no
era algo exagerado. Y por lo demás, la cifra total era baja todavía. Pero había que
precisar bastante sobre las cifras dadas por Ignacio González. En principio las cifras
abarcaban solamente los seis primeros meses del año 2002, cuando las estadísticas ya
estaban cerradas. Así pues si en 6 meses reales había existido un incremento de 210.000
inmigrantes legalizados, la cifra real para todo el año debería rondas los 410.000
inmigrantes legales. Y es importante tener presente la coletilla de “legales”,
por que, de hecho, a pesar de lo que proclame el gobierno, da la sensación de que la
mayoría de inmigrantes que entran en España lo hacen con visado turístico, agotado el
cual, se quedan hasta obtener su regularización. De hecho, a pesar de lo establecido por
la Ley de Extranjería un porcentaje muy bajo de inmigrantes no tramita su permiso de
residencia y de trabajo en los consulados españoles de sus países de origen, sino en las
oficinas de extranjería de los gobiernos civiles de nuestras provincias…
Y lamentablemente éste dato no está a disposición del público. No sabemos qué
porcentaje de ilegales (sin que esta palabra sea peyorativa, sino que defina una
categoría meramente administrativa) entran en España sobre el total de la inmigración.
En consecuencia, no sabemos el número total de inmigrantes que viven en nuestro país. Ni
lo podemos saber. Ni es posible que el gobierno lo sepa. Y es mucho más probable incluso
que no quiera saberlo. Pero puede intuirse. De hecho, a pesar de que las cifras no
aparezcan en la gran prensa, los rumores circulan. Los funcionarios que tienen acceso a
los datos de extranjería y aduanas piensan, extrapolan sus datos parciales a la
totalidad, y, por supuesto, opinan entre sus amigos, sus familiares. También hay datos
facilitados por patronales de sectores concretos –como veremos- que disponen de datos
igualmente parciales, pero significativos. Así mismo, de tanto en tanto, algún
ayuntamiento hace públicos datos: unos por increíbles y otros por abultados, resultan
igualmente significativos. Y, finalmente está la percepción que el ciudadano se forma
cada día paseando por la calle y viendo la realidad que le circunda. Pónganse todos
estos datos en una batidora, agítense, y se obtendrá una conclusión viscosa, opaca,
turbia, pero extremadamente densa.
Conclusión: las cifras oficiales tienen poco que ver con las cifras reales.
Probablemente no existen muchos más inmigrantes en nuestro país de lo que las
estadísticas (más o menos maquilladas) registran, sino mucho más de los que podemos
imaginar. Digámoslo ya: si puede deducirse con facilidad de la lectura de las
estadísticas oficiales publicadas a principios del 2003 que el número de inmigrantes
legales e ilegales es de 2.000.000, “muy probablemente” la cifra real está en
torno a los 3.000.000 y “es posible” que llegue incluso a los 3.500.000 o
4.000.000. Y, desde luego, solo los portavoces del gobierno dudan de que a finales del
2003 se haya alcanzado esta cifra. Es decir, probablemente existe algo menos de un 10% de
inmigrantes en España. Y no hay ningún motivo para pensar que esta cifra no deje de
crecer en los próximos años. Todo lo contrario. Veamos como se ha llegado a estas cifras
y analicemos algunos detalles sobre la composición de este flujo migratorio.
Las estadísticas oficiales del 2002 dicen que en España viven 500.000 extranjeros
comunitarios. Se trata de estudiantes o más frecuentemente de jubilados ingleses y
alemanes que se han ubicado en el Levante español, Baleares y Canarias, cobrando
pensiones muy elevadas para nuestro país que les permiten un razonable nivel de vida. En
algunas zonas han generado verdaderas “islas” y es presumible que en los
próximos años, dado que son mayoría en algunos pueblos, terminen formando sus propias
candidaturas municipales. Por lo demás pertenecen a la Unión Europea. Son europeos. Su
cultura es europea. La distancia cultural, antropológica, su escala de valores, su
mentalidad, no es muy diferente de la nuestra. La democracia ha contribuido a generar una
escala similar de valores de convivencia perfectamente compatible –y, desde luego,
enriquecedora- con las particularidades de origen. No es ese medio millón de comunitarios
los que justifican este libro. Se sabe cuántos son, quiénes son y dónde están. Y se
sabe por estadísticas, no por los conflictos de convivencia que puedan generar.
Luego están los inmigrantes procedentes de países no comunitarios. Dicen las
estadísticas oficiales que Marruecos es el país que figura a la cabeza, con 263.174
inmigrantes (20,22%). No lo crean. La cifra es, sin duda, muy superior, posiblemente el
doble. Y tampoco la cifra de ecuatorianos parece muy rigurosa; oficialmente son 132.628
(10,19%), pero si va usted un domingo por la tarde al madrileño Parque del Retiro es
posible que intuya que la cifra real debe ser muy superior. Luego están 81.709
colombianos (6,28%), 42.578 chinos y 38.555 rumanos. Fueron ecuatorianos, colombianos y
rumanos las comunidades extranjeras que más crecieron en el primer semestre del 2002: 67’75%,
56’59% y 56,32%, respectivamente.
¿Dónde se asientan? En Cataluña, oficialmente, había 238.190 (179.708 en Barcelona),
222.969 en Madrid, 88.534 en Andalucía (88.534). Esas mismas estadísticas afirman que es
en Asturias (5.684), La Rioja (7.536), Cantabria (4.299), Melilla (1.903) y Ceuta (602)
donde menos inmigrantes residen.
Un periodista independiente no puede disponer de datos suficientemente sólidos como para
contestar estas cifras. Como máximo puede reunir testimonios que los cuestionen, pero se
trata de funcionarios –algunos de ellos muy conocidos y, muchos muy alarmados- que no
acceden a que se publique su nombre. Por ello, un periodista independiente que quiera
analizar la inmigración tiene casi la obligación de apelar a la subjetividad
acientífica y antiestadística. Apelo al lector. Hagan un esfuerzo de memoria. Recuerden
su ciudad –especialmente si es una gran ciudad- hace ocho años. Usted iba por la
calle y solo en algunos barrios y en algunos trabajos encontraba a inmigrantes. En 1995
apenas había ecuatorianos. Colombianos pocos. Argelinos menos ni siquiera habían llegado
los clanes romanís. Había algunos marroquíes, polacos en Madrid. Incluso en Canarias
había poca inmigración. Esta solamente era visible en Ceuta y Melilla. Además se
trataba de una inmigración de paso: los pakistaníes y argelinos que llegaban a nuestro
país iban de paso hacia Inglaterra y Francia respectivamente, no consideraban a España
como destino final. Bien ¿ha recordado como era el paisaje de su ciudad en 1995?
Compárelo con el actual: en el metro, en cualquier trabajo, en las calles, en barrios
enteros, usted verá a más y más inmigrantes. No el triple ni el cuádruplo, sino una
cantidad a todas luces absolutamente desproporcionada con la existente hace solo siete
años.
En 1995 había 499.773 inmigrantes (8’20%), un años después habían entrado 39.211
y el incremento respecto al año anterior apenas había sido de un 7,40%. Al año
siguiente el incremento había sido del 13’40% y del 18,01% en 1998, llegando a los
719.847 habitantes, una cifra que estaba en concordancia con la percepción que nos
hacíamos en la calle. Se veían pocos inmigrantes y en total eran el 1’8% de la
población. Podía ser, máxime si tenemos en cuenta que quizás la mitad fueran
comunitarios. Pero ese año todo cambio. Al año siguiente, justo cuando la inmigración
empezó a ser “visible” de manera masiva, el aumento de inmigrantes apenas era
de un 11’35%, estableciéndose en 901.329. Oficialmente. Ese año -1999- murió
Hassan II y, como si una mano que cerraba las fronteras hubiera desaparecido, bruscamente
se produjo un aluvión de pateras como nunca antes de había visto. ¿Quiere comprobarlo?
Revise la prensa de aquella época, especialmente a partir del segundo semestre del año:
la inmigración pasa a ser noticia constante, la llegada de pateras que hasta entonces se
había producido en goteo, pasa a ser un flujo continuo y creciente. Por lo demás, en
Andalucía, Almería, Málaga, y las grandes ciudades, empezaban a observarse conflictos
de convivencia y en Tarrasa y El Ejido empezaba a gestarse el caldo de cultivo que
estallaría meses después. ¿Se empezaron a maquillar las cifras en aquella época? Lo
ignoramos, solo podemos afirmar que, a partir de ese año, se percibe un desfase creciente
entre lo que dicen las estadísticas y lo que se ve en la calle.
En el año 2000, el incremento oficial es del 11’78% y la inmigración registrada
llega a 895.720 personas. El año siguiente el incremento experimenta un crecimiento
espectacular: el 23’81% y el número total de inmigrantes se fija en 1.109.060
personas.
La inmigración es un fenómeno reciente. En 1990 apenas residían en todo el territorio
nacional 278.796 extranjeros, de ellos, sólo una minoría 137.589, eran de procedencia no
comunitaria. Todavía en 1995, la cifra de comunitarios seguía siendo sensiblemente
superior a la de no comunitarios (294.726 frente a 205.047). Es precisamente 1999 –el
año clave en el estallido de la inmigración en España- cuando se produjo el “surpaso”
de no comunitarios sobre comunitarios. Ya eran 35.000 más (418.374 frente a 382.955).
La cuestión es por qué el gobierno intenta minimizar el problema de la inmigración
ilegal. Resulta triste y ofensivo para los inmigrantes que las cifras que con más
facilidad se disponen sobre empleos sean las de ANELA, la patronal de los “locales de
alterne” que, cifran en 300.000 las prostitutas extranjeras que ejercen en nuestro
país. Compárese esta cifra con la oficial de inmigrantes y se verá hasta qué punto es
increíble. Por que, o la patronal de la prostitución ha hinchado sus cifras o las cifras
oficiales están minimizadas.
La patronal de la prostitución seguramente extrapola cifras parciales a la totalidad con
el riesgo consiguiente de error. Es una asociación privada y están en su derecho de
equivocarse. No ocurre lo mismo con las cifras oficiales. Cuando se gestiona la res
publica el derecho a equivocarse no existe: lo que existe es el error consciente o
cometido por ineficacia, en cualquiera de los dos casos, inaceptable.
Pero es razonable que el gobierno haya querido maquillar las estadísticas. Hay cuatro
motivos principales. Veámoslo y comprobaremos por qué el PP quiere ocultar una realidad
social que va a estallar bajo sus poltronas o bajo las de sus sucesores.
La primera razón es de orden político. Más adelante demostraremos la relación admitida
razonablemente entre delincuencia e inmigración ilegal. Siendo el PP un partido de “centro
derecha”, su electorado es particularmente sensible a los problemas del orden
público y la seguridad ciudadana. Y la inmigración no es un problema que el PP
pueda achacar a los anteriores gestores del Estado: se ha gestado y ha eclosionado durante
su mandato; a diferencia del paro, de los GAL o de la corrupción, el PP
es dueño y responsable de la ausencia de política de extranjería. El
Ministerio del Interior de Oreja y siguientes, merece un 10 en lucha antiterrorista (a
diferencia de los equipos anteriores de Corcuera y Barrionuevo cuya gestión puede
definirse como nauseabunda siendo piadosos), pero merece un 0 en política de
extranjería. Es natural que el PP intente minimizar su destrozo en esta área,
maquillando las cifras y demostrando que el desmadre no es tal. Pero lo es.
En mayo de 2002, Aznar advirtió el enorme potencial explosivo del debate en torno a la
inseguridad ciudadana. Lionel Jospin había pagado cara su ambigüedad en la materia y
Chiraq se vio castigado por el electorado que reconocía la pertenencia a determinados
grupos étnicos de quienes les amargaban la cotidianeidad con pequeños delitos. Le Pen
–el voto más seguro contra la inmigración- fue seguido por casi un tercio de los
electores. El viejo refrán español “Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar,
etc.” inspiró la actuación de Aznar en los meses siguientes al marasmo electoral
francés. Inicialmente decidió hablar bien alto en la Cumbre de la Unión Europea en
Sevilla. Aludió a que en Enero se procedería a repatriaciones masivas, que se cortaría
el flujo de ilegales y que existiría una legislación única europea en esta material. Ha
pasado un año desde aquellas declaraciones. El problema sigue y, además, aumenta. Luego,
en septiembre, Aznar anunció medidas en nuestro país para atajar a la pequeña
delincuencia. Medidas electorales. Claro que eso era antes del chapapote y de la guerra de
Irak, cuando todavía no era preciso otorgar concesiones y ventajas económicas en la
búsqueda del voto perdido.
Había otra razón. Los intereses de la patronal. Para la patronal la inmigración
es una posibilidad de rebajar los salarios y aumentar beneficios. Como
representante del centro-derecha, si la patronal se entiende bien con alguien es
precisamente con él, con Aznar. Aznar puede diferir puntualmente de los criterios
de la patronal, pero no ir jamás contra los intereses de la patronal. Y la patronal es la
primera interesada en que el flujo de inmigrantes asegure que el precio de la fuerza de
trabajo se mantenga a mínimos.
Y luego estaba el papel internacional de Aznar. Si desde EEUU llegaba la orden de que
debía de haber inmigración, Aznar lo asumía; si desde EEUU llegaba la consigna de que
Turquía era Europa –Turquía europea… Dios mío- Aznar se convertía en el
principal valedor de la europeidad turca. No puede extrañarnos, si Bush dice “guerra”,
Aznar replica “guau”, que quiere decir “si”. ¿Por qué EEUU es el
principal valedor del incremento de los flujos migratorios? Por dos motivos. El primero
por que EEUU es el principal valedor de la globalización. Ya hemos visto que la
globalización es la madre de todos los flujos migratorios. Además, EEUU es
consciente de que la inmigración es susceptible de crear graves desequilibrios a países
que no están habituados a recibir contingentes alógenos. Especialmente si se trata de
países con un amplio pasado y un gran patrimonio tradicional. Además EEUU conoce
perfectamente los conflictos que existen en la asimilación de contingentes islámicos.
Sabe también como el Islam es difícilmente compatible con las concepciones laicas que
animal a la Unión Europea. Sabe, en definitiva, que injertando poblaciones inmigrantes
islámicas en Europa, el conflicto está servido a corto plazo. Desde principios de los
años 90, uno de los objetivos de EEUU en Europa es la creación de un gran estado
islámico, formada por Albania, la Bosnia musulmana, Kosovo y parte de Macedonia. Ah, se
nos olvidaba lo más importante: la Unión Europea es competidora económica de EEUU; en
EEUU se sabe perfectamente que un país que empieza a ser competidor, termina siendo
enemigo. Y se sabe también que al enemigo ni agua. Solo debilitarlo. Aznar, sin embargo,
no lo sabe.
Finalmente la derecha siempre ha tenido un complejo de culpabilidad cultural. La
derecha española no ha sido precisamente en los últimos 25 años un dechado de capacidad
cultural. De hecho, incluso cuando la derecha ha tenido que recurrir a intelectuales para
realizar movilizaciones antiterroristas ha tenido que recurrir frecuentemente a
intelectuales de izquierda o, ubicados inicialmente a la izquierda. A la derecha liberal
del PP la cultura les importa tan poco como la salud de la población civil iraquí.
Gestión, estadísticas y cuenta de beneficios, tales son las prioridades de la derecha,
en absoluto cultura. Así que cuando el PP oye lejanamente los discursos ideológicos de
la izquierda, se siente inerme y cede. El discurso sobre el mestizaje, el discurso sobre
la multiculturalidad, el discurso sobre la globalización, el discurso sobre la
tolerancia, etc. Cuando la derecha oye hablar de todo esto, tiene tendencia a creer que se
trata de veleidades de la izquierda y, no solamente no dispone de un discurso articulado y
coherente sobre la materia, sino que además, si siquiera lo considera necesario. Y lo que
es peor, en el fondo, tiene un complejo de inferioridad cultural en este terreno, así que
¿para qué oponerse? La derecha está ausente del debate sobre multiculturalidad pero es
sensible a los calificativos con que la izquierda obsequia a quienes lo contestan: “xenófobos”,
“racistas”… y, por tanto, la derecha no sabe / no contesta sobre el tema.
Sea como fuere, todo esto implica que en los años de gobierno del PP se ha gestado un
conflicto en nuestro país. Ahora toca pagar las consecuencias por la negligencia, la
dejadez, los complejos, los intereses y el servilismo ejercido desde 1996. Y lo peor no es
no será sólo el PP quien pague, sino la totalidad de la sociedad española.
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El contingente para trabajadores inmigrantes en el 2002, para el que el Gobierno aprobó
un total de 32.079 plazas entre estables y temporeros, cubrió sólo un 56,7% de las
plazas que presentaron los empresarios; es decir, únicamente 13.633 de las 24.012
ofertas.
Los contratos autorizados representaron el 53% de las peticiones de temporeros y el 71% de
las de trabajadores estables.
Por comunidades, donde más ofertas temporales se formalizaron fue en Andalucía, con
6.705; Cataluña, 1.826; Madrid, 566; Canarias, 381; Castilla y León, 195; Murcia, 163 y
Aragón, 161.
En cuanto a las plazas para trabajadores estables, en Madrid se contabilizaron 1.079; en
Cataluña, 1.061; en Castilla y León, 304; en Castilla-La Mancha, 145; en Valencia, 142;
en Aragón, 80; en Andalucía, 66; en Cantabria, 63; en Murcia, 62; en el País Vasco, 38;
en Navarra, 12; y en Extremadura, 3.
Paro y Seguridad social
El número de extranjeros desempleados se incrementó un 37% en 2002 y pasó de 87.420
demandantes de empleo en 2001 a los 120.229 en 2002. Y eso se refiere solo a los
inmigrantes regularizados. El día que el gobierno se decida a publicar las notas de lo
que ingresa la SS procedente de inmigrantes y lo que les entrega en forma de Subsidio de
Paro, sabremos definitivamente si la inmigración es mala o simplemente nefasta para las
arcas públicas.
La inmigración ha ido bien para algunos sectores de la economía y en especial para la
caja de la Seguridad Social. El número de inmigrantes dados de alta en la Seguridad
Social, creció un 36%. A lo largo de todo el año se produjeron 228.405 nuevas
filiaciones de extranjeros, de los cuales 204.783 fueron de régimen general y 23.622 de
régimen comunitario. Lamentablemente no se disponen de cifras globales. Pero hay algunos
datos, así mismo oficiales, que desdicen la brillantez de estas cifras. Por que, la tesis
de este libro es que lo que los inmigrantes aportan a las arcas de la Seguridad Social por
un lado, ellos mismos, lo restan por otro. Véase sino. Entre enero y octubre de 2002 las
tarjetas sanitarias para inmigrantes sin recursos pasaron de 358.616 a 507.491 a 10 de
octubre ¡sobre un total de 2.000.000 de extranjeros entre legales e ilegales! Si a esto
restamos los 500.000 residentes de la UE, veremos que 1 de cada 3 inmigrantes no
comunitarios carece de recursos. Por supuesto, la Seguridad Social se ha cuidado muy mucho
de no ofrecer cifras sobre los gastos sanitarios de la población inmigrante, acaso por
que es del dominio público que buena parte de las mujeres que llegan en pateras están
embarazadas, como también es notorio que a las maternidades de Ceuta y Melilla llegan
mujeres de Marruecos intentado aprovechar las mejores condiciones sanitarias para dar a
luz. A esto hay que añadir los 73.000 inmigrantes que percibían prestación por
desempleo. Aun dando por cierta la cifra de 2.000.000 de inmigrantes –en nuestra
opinión muy inferior a la realidad- se verá que, lejos de garantizar en su conjunto la
viabilidad de la Seguridad Social y de las pensiones de jubilación en el futuro, es todo
lo contrario: tenemos la sensación, a la vista de las cifras de que disponemos, que los
ingresos generados por los trabajadores inmigrantes en la Seguridad Social, jamás irán
destinados a pagar las pensiones de nuestros jubilados, sino más bien a pagar los
servicios médicos de los propios inmigrantes cotizantes, del medio millón de inmigrantes
que poseen tarjeta sanitaria por carecer de recursos, de los inmigrantes ilegales sin
tarjeta sanitaria pero que reciben asistencia médica cuando la requieren. Y a este
respecto hay que tener en cuenta, que los gastos sanitarios generados por la inmigración
deben ser elevados a tenor del estado de salud en el que llegan algunos de estos
inmigrantes, máxime cuando muchos de ellos proceden de zonas en las que el virus del SIDA
se ha enseñoreado. En su país de origen no tienen posibilidades de recibir ningún tipo
de cuidado sanitario; en España, pueden contar con tener acceso a los mismos tratamientos
que los españoles. Hace poco un médico de la Seguridad Social se me quejaba de que los
inmigrantes ecuatorianos están colapsando los servicios médicos por que entre ellos se
ha generalizado el solicitar una revisión médica general nada más son dados de alta.
Y a todo esto habría que añadir, en el capítulo de gastos, los provocados por los
efectos colaterales de la inmigración. Por que si a un lado colocamos los aumentos
presupuestarios derivados de la habilitación de mayores plantillas policiales, de jueces
y fiscales, para tratar el aumento de la inseguridad ciudadana, relacionado con la
inmigración ilegal, si añadimos los gastos de asistencia social, becas, ayudas a hijos
de inmigrantes, libros de estudio gratuitos; por no hablar de la construcción de nuevas
prisiones y la contratación de más funcionarios, las reticencias del turismo a venir a
nuestro país a causa del aumento desmesurado de los robos y hurtos… si sumamos todo
eso y lo colocamos en la balanza nos llevaremos una sorpresa: para el conjunto del país,
resulta muy dudoso que la oleada migratoria reporte beneficios netos y reales; sin
embargo, para algunos sectores económicos (hostelería y construcción) esos beneficios
son bien reales. Dicho en otras palabras: toda la comunidad nacional representada por el
Estado debe de pagar los gastos generados por el incremento de las migraciones… sin
embargo, solo una parte de la empresa privada percibe sus beneficios. Más aún: la
inmigración recibe más de lo que da. Bueno, nos dirán, en el fondo somos generosos: no,
por que España, cuyo sistema de pensiones depende de la buena gestión de la caja de la
seguridad social y de la contención de los gastos públicos, no puede permitirse tales
niveles de generosidad. Hay momentos en los que convendría más hablar de
irresponsabilidad que de generosidad.
Y ya que estamos hablando en el fondo de justicia. Ciertamente cuatro mil millones de
chinos precisan un régimen de mayor líbertad: pero no podemos considerarlos a todos
“refugiados politicos”. Ciertamente Africa subsahariana muere: pero catorce
millones de africanos infectados con el SIDA no pueden atenderse en hospitales españoles.
Ciertamente veinte millones de jóvenes magrebíes quieren mejorar su futuro: pero en
Europa no hay lugar para todos. ¿Tienen que entrar solo los que se arriesguen a la
aventura de la inmigración? ¿Y el resto? No, esta idea es perversa y equívoca. El
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas no implica necesariamente
aceptar sin límite y sin medida todo el flujo de inmigrantes. ¿Y nuestros derechos? ¿y
los derechos de los pensionistas? ¿y los derechos de los parados? Incluso, ¿y los
derechos de nuestros pobres? ¿acaso no tienen ellos algún derecho sobre los recién
llegados?
En el 2002 creció el número de inmigrantes detenidos al intentar entrar en España. Un
total de 16.504 personas fueron interceptadas a bordo de pateras, un 11% menos que en 2001
(18.517), de los que 9.756 lo hicieron a Canarias y 6.748 a través del Estrecho. Ignacio
González explicó que esa preferencia a dirigirse a Canarias masivamente "sólo la
conocen las mafias". Aludió a la impermeabilización de las fronteras de Ceuta y
Melilla y a la actividad del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), del que recordó que
dispondrá de 27,3 millones de euros en 2003 para terminar de implantarse. No aludió a
que para Marruecos la inmigración ilegal es una de las armas de baja cota que utiliza
contra España junto a las exportaciones no menos ilegales de hachís y a la guerra
económica. Tampoco dijo que algunos sectores marroquíes reivindican Canarias y que en el
salón del trono del palacio real de Rabat se muestra el mapa del Gran Marruecos… y
que incluye a Canarias.
Allí donde el gobierno presentó su gestión como triunfal fue en la desarticulación de
735 redes mafiosas, un 103% más que en el 2001. Fueron detenidos 2.070 responsables de
estas mafias (un 69,25% más). Pero da la sensación de que se está hablando de mafias a
lo que solo son individuos aislados o poco más. Por que si dividimos 735 “redes”
entre 2070 “responsables”, vemos que la media por “red” es de 2’8
personas. ¿Mafias de 3 personas? ¿no será más bien el patrón de la patera y el que
captaba a los inmigrantes? ¿Eso es una “red mafiosa”? Es reconfortante, que se
hayan detenido a 2.070 miembros de estas redes, pero tampoco hay que magnificar la cifra.
Y lo mismo cabe decir sobre la contratación de inmigrantes ilegales.
Crecieron las repatriaciones. Pero también aquí hay que realizar un “pero” a
las estadísticas oficiales. En el 2002 se produjeron 79.467 repatriaciones, un 63,7% de
aumento sobre el año anterior, con un ritmo de 204 repatriaciones diarias. Marruecos
encabezaba la lista, con 23.381 devoluciones; seguido de Rumania, con 18.865; Ecuador, con
5.558; Bulgaria, con 5.399, y Argelia, con 2.431. No negamos la autenticidad de estas
cifras. De hecho nada es más fácil que contar el número de expedientes de expulsión
aprobados. Hemos dicho aprobados, no ejecutados. Habitualmente un expediente de expulsión
se resuelve mediante una decisión administrativa que se comunica al interesado, el cual
puede darse por expulsado o no… Se ignora cuántos inmigrantes han retornado a su
país tras un expediente de expulsión, tan solo puede tenerse seguridad con las cifras de
los que han sido puestos en la frontera. Y sobre esto hay opacidad.
Las cifras oficiales indican que en el 2002 descendió el número de pateras que cruzaron
el estrecho y, consiguientemente, el número de detenciones y de naufragios. Estos
descendieron de 43 en el 2001 a sólo nueve en el 2002; también descendió el número de
víctimas (35 en 2002 y 86 en el 2001) y de la cifra de desaparecidos (20 en 2002 y 26 en
el 2001). Pero es aquí donde las cifras oficiales son más contestadas. La Asociación de
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), estima que al menos 4.000
inmigrantes perecieron en aguas del Estrecho entre 1997 y 2002. Este cálculo se basaría
en el número de cadáveres que aparecen en las costas marroquíes y que no son
considerados en las estadísticas españolas.
En 2002 hubo 6.227 peticiones de asilo y refugio; un descenso del 32% respecto al periodo
anterior. ¿Por qué un descenso? Por que antes una de las posibilidades que se abrían al
inmigrante de obtener su regularización era pasando como refugiado político y pidiendo
asilo. Pero España no ha sido tradicionalmente un país de asilo y pocos eran los
autorizados a residir entre nosotros acogidos a esa posibilidad. Por lo demás, había
otras más sencillas y prometedoras. Se admitieron a trámite 1.502, mientras que 4.131
fueron rechazadas.